El periodista Albert González ha publicado en el diario ARA, en su edición del miércoles 26 de febrero, un extenso reportaje para tratar de contrastar y poner sobre la mesa las diferentes posturas, a favor y en contra, sobre el nuevo proyecto para la planta de tratamiento de deyecciones ganaderas TRACJUSA.
En este sentido, queremos agradecer a Albert González la oportunidad brindada al darnos voz y entrevistarse con nosotros y escuchar nuestros argumentos en defensa de este proyecto tan necesario para el tratamiento de las deyecciones ganaderas producidas en las granjas de nuestros asociados y asociadas y beneficioso para el conjunto de la comarca.
Destacar que este artículo, en primera instancia, estaba planteado como un «cara a cara», un debate con el periodista como moderador, entre nosotros y un representante político del movimiento contrario al proyecto. Pese a los esfuerzos por parte de Albert González, tal y como expone en el artículo «Ninguno de los alcaldes solicitados ha querido participar». Rechazando el diálogo con nosotros argumentando, según expone el diario que: «Después de ocho años, ya no es momento de debates». «Nosotros no tenemos nada que decir en el GAP, queremos ir más allá e instar a la Generalitat y al consejo a definir su modelo de territorio».
Desgraciadamente, lo que debería haber sido un debate enriquecedor, entre las partes, no ha sido posible frente a la negativa de los opositores a confrontar opiniones con nosotros. A partir de ahí, que cada uno extraiga sus propias conclusiones
Artículo Diario AHORA
El reportaje
El proyecto de gasificación de Juneda, una disputa sin puntos de encuentro
ALBERT GONZÁLEZ FARRAN
26.2.2025
GAP, la cooperativa Gestión Agroganadera de Ponent, que aglutina a 160 ganaderos de Les Garrigues y el Pla d’Urgell, trató el año pasado en la planta Tracjusa que tiene en Juneda más de 70.000 toneladas de excedentes de purines (las deyecciones del cerdo). Lo hace todavía hoy con la cogeneración, un sistema que utiliza gas natural para evaporar el agua de los purines. Después de un cuarto de siglo en funcionamiento, a finales de este año la planta dejará de recibir las primas para su funcionamiento y dejará de ser rentable. Después de años buscando una salida, los ganaderos han pensado que su mejor opción es aprovechar las instalaciones actuales para seguir secando purines a través de un nuevo sistema, el de la gasificación. Se trata de producir vapor a partir de combustible recuperado, en su mayoría residuos urbanos. Son los famosos CDR, provistos por el Grupo Griñó (ahora asociado con el GAP). Los CDR son los residuos que no pueden ser reciclados y aquí se convierten en combustible. La planta asumirá 45.000 toneladas anuales de CDR, lo que muchos consideran una aberración, porque supone tratar en Juneda la basura que se produce en las ciudades. Pero sin esta basura, no habría una fuente de calor suficientemente rentable. Eso sí, será basura catalana (del área metropolitana), aseguran en el GAP, como respuesta a la polémica investigación de Griñó por un posible tráfico ilegal de basura italiana.
La gasificación es un proceso termoquímico, como la incineración, pero se diferencia de esta segunda porque utiliza muy poco oxígeno y transforma los compuestos orgánicos en un gas que quiere aprovecharse energéticamente. Es el gas de síntesis, que debe filtrarse para limpiarlo en un circuito que debería estar cerrado.
Además, el calor que producirá la planta de gasificación de Juneda permitirá secar los purines para convertirlos en fertilizante fácil de transportar y comercializar. «Las emisiones de CO2 se reducirán en un 80% con la gasificación», prometen. En relación a las dioxinas y foráneos, uno de los principales temores de los opositores, los ganaderos aseguran que se mantendrán por debajo de los umbrales legales y mucho más de cualquier tipo de combustión.
La plataforma opositora teme que la teoría de la gasificación acabe saltando por los aires en la práctica. «Tenemos demostrado, después de visitar muchas plantas similares de Alemania, que el proceso para mantener los parámetros de calor y oxígeno es técnicamente tan complicado que al final acabará incinerando», dicen miembros de la plataforma. La pelota está pues en el campo de la Generalitat, encargada de monitorear las emisiones de Nova Tracjusa. Pero no sólo eso. GAP se compromete a publicar todas las emisiones de la planta. «Nadie nos obliga, ni los opositores nos lo han pedido nunca», dicen.
Es cierto que en Ponent existe una extrema preocupación por la calidad del aire. Las nieblas persistentes de invierno hacen que compuestos y partículas queden atrapados.
Los promotores aseguran que la planta reducirá las emisiones de CO2 en un 80% y prometen hacer públicos todos los datos aunque no se lo hayan pedido nunca
Los últimos estudios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) indican que en diciembre los niveles de nitratos, sulfatos, micropartículas, amonio, cloro o potasio en la atmósfera se disparan, en muchos casos por encima de Barcelona ciudad. Andrés Alastuey, coordinador del último estudio, admite que los indicadores (aunque demasiado elevados para cumplir la directiva europea fijada para 2030) están todavía por debajo del tope legal actual y por debajo de áreas ambientalmente mucho más castigadas como la de la plana de Vic. Pero al mismo tiempo recomienda que el Gobierno instale en Juneda medidores de las partículas más finas (por debajo de 2,5 micras), al ser las que pueden provocar cáncer.
Escenario cambiado
Uno de los argumentos iniciales para elegir la gasificación fue el aprovechamiento económico. La cooperativa, que en asamblea aprobó nunca repartir dividendos entre socios, recuerda que hace años se habían estimado unos ingresos de 1,2 millones anuales con la futura gasificación de residuos. Ahora dicen que el escenario ha cambiado. La planta de Repsol en Tarragona, que tratará cada año 400.000 toneladas de residuos urbanos, ha modificado la demanda y los precios que se ofrecen para su tratamiento han caído en picado. Sin embargo, por las características orográficas de Les Garrigues, la gasificación es defendida como el modelo idóneo y «sensato» por los promotores.
«La autorización ha sido exageradamente rigurosa», asegura el presidente del GAP, Eduard Cau. Pero ves como la del alcalde de Les Borges Blanques, Josep Farran, uno de los principales líderes políticos enfrentados al proyecto, denuncian la nocturnidad del proceso, que le dio la autorización «en un gobierno en funciones» en el 2021. Los ganaderos replican que los encargados de aprobar la licencia ambiental no son, a priori, los políticos. Un ejemplo: Isabel Hernández es todavía hoy la subdirectora de prevención y control de la contaminación atmosférica de la Generalitat. Lo es desde el 2006. En cualquier caso, más de una veintena de ayuntamientos, casi todos gobernados por ERC i partits independents, han mostrado su rechazo explícito convocando este mes de marzo consultas populares para pedir la opinión de los vecinos y trasladarla a la Generalitat. La estrategia es frenar el último paso administrativo pendiente para la ejecución proyecto: la licencia de obras del Ayuntamiento de Juneda, un trámite que parece inminente para cumplir con el plan del GAP de poner en marcha Nueva Tracjusa en el 2026.
Los alcaldes justifican las consultas para perdonar espacio de participación y debate a la ciudadanía con el fin de explicar el proyecto. Sin embargo, los puntos de encuentro entre defensores y detractores de Nova Tracjusa son casi inexistentes. De hecho, el diario ARA ha intentado infructuosamente organizar un encuentro entre Eduard Cau y un representante político del movimiento contrario. Ninguno de los alcaldes solicitados ha querido participar. «Después de ocho años, ya no es momento de debates», argumentan. «Nosotros no tenemos nada que decir en el GAP, queremos ir más allá e instar a la Generalitat y al consejo a definir su modelo de territorio», justifican otros. Mientras, alcaldes de Junts se mantienen en silencio, una muestra de la intensa politización del asunto.
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