La entrada en vigor del nuevo decreto, prevista para el 9 de marzo, se aplaza después de la presión del sector y de los gobiernos de Cataluña y Aragón. La medida evitaba una reducción inmediata del 10% de la cabaña en granjas sin posibilidad de ampliación.
El Ministerio de Agricultura ha anunciado una moratoria de un año en la aplicación de la nueva normativa de bienestar animal en el sector porcino. La decisión llega tras las movilizaciones de los ganaderos y las peticiones de los gobiernos catalán y aragonés, regiones que lideran la producción porcina en España. El decreto preveía un aumento de la superficie mínima por animal, un requisito que habría forzado a muchas explotaciones a reducir su cabaña, dado que no todas tienen la posibilidad de ampliar sus instalaciones.
Según Unió de Pagesos, la normativa ponía en peligro la viabilidad económica del sector, mientras que JARC había alertado de que podría implicar una reducción de al menos el 10% de la cabaña en Catalunya, afectando a su competitividad internacional. Por su parte, Asaja cifraba el impacto económico de la medida en unos 150 millones de euros sólo en Lérida y Aragón.
El real decreto ahora suspendido exigía que los cerdos de entre 85 y 110 kilos dispusieran de 0,74 metros cuadrados por animal, frente a los 0,65 actuales. Ésta y otras medidas ambientales, de alimentación y bebida, de infraestructura y condiciones respecto al material de enriquecimiento habían generado un fuerte rechazo en el sector, especialmente porque su aplicación suponía una inversión que, en muchos casos, era incompatible con otras regulaciones como las distancias entre granjas las urbanísticas establecidas por las administraciones locales.
Cataluña y Aragón habían propuesto al gobierno central una modificación de la norma para flexibilizar sus requisitos. Este aplazamiento da margen para negociar una regulación más adaptada a la realidad del sector.