Unió de Pagesos cifra en 63 millones de euros las pérdidas para los porcicultores catalanes por el brote de peste porcina africana

Desde Unió de Pagesos cifran en 63 millones de euros las pérdidas para el sector porcino en Catalunya por el brote de peste porcina africana[PPA], desde su detección hasta final de año. Estos datos suponen una caída de un 17% en la facturación del sector porcino catalán durante los meses de noviembre y diciembre. UP presentó estos datos en una rueda de prensa celebrada ayer en Lleida (Segrià) en la que también realizaron un balance sobre el estado general del sector y sus retos de futuro inmediato.

Puede consultar el contenido del informe en este enlace.

En relación con el brote de PPA, hemos destacado que a pesar de los 60 casos positivos notificados en jabalíes en el entorno natural, no se ha detectado ningún caso positivo en ninguna de las 57 granjas de porcino ubicadas en el radio de 20 km de la zona infectada. A pesar de la ausencia de animales enfermos, sin embargo, el virus comportó restricciones de movimiento de 61.500 cabezas (el 10% del total de la provincia de Barcelona) y tuvo un impacto directo en las exportaciones, sobre todo en China.

No en vano, con datos de enero y septiembre de 2025, China se ha mantenido como el principal cliente del sector porcino estatal con una cuota de mercado del 18,9 % en volumen y del 12,3 % en valor. Estos datos, a falta de conocer los resultados del último trimestre del pasado año y los efectos de las restricciones por la PPA, suponen un 10 % de toda la producción de porcino estatal. Un ámbito, éste, en el que Catalunya se ha mantenido como la principal comunidad exportadora de porcino del Estado, con el 51,7% de las exportaciones en volumen y el 50,6% en valor respecto al global, seguida de lejos por Aragón (27% en volumen y 23,3% en valor).

El sector, en cifras

También, Unió de pagesos destacó el impacto del brote de peste en la cotización del ganado. Así, aunque el precio de cerdo vive en Mercolleida siguió una evolución muy similar a la de otros años (llegando a los 1,815 €/kg a principios de julio), a partir de finales de noviembre y de la declaración del brote de PPA los precios cayeron rápidamente hasta situarse a 1 €/kg al cambio de año.

A pesar de las fluctuaciones, a lo largo de 2025 el precio medio en Mercolleida fue de 1,598 €/kg, un 7,6% por debajo de la media del año anterior. Estos datos, sumados al aumento del 1,8% de los costes de producción hasta los 1,366 €/kg hacen que el margen económico para el sector fuera de 0,22 €/kg, un 40% menos que en 2024.

Desde Unió de Pagesos también se recordó que, con fecha de 1 de diciembre de 2025, en Catalunya había registradas 5.254 granjas de porcino, 50 menos que a finales de 2024. Por tipologías, el 73,6% de éstas son de engorde, mientras que el 14% son granjas reproductoras.

Nuevas normativas

En el transcurso de la rueda de prensa también se refirieron a las dudas sobre cómo se desplegarán las nuevas normativas de bienestar animal previstas para los próximos meses. En este sentido, Unió de Pagesos alcanzó a principios del año pasado una moratoria de un año para no hacer perder potencial productivo en las granjas catalanas. Aunque la prórroga finalizará el 9 de marzo, el sindicato pidió la retirada de esta modificación para no poner más trabas al futuro del sector.

Entre estos cambios, el sindicato también ha destacado la entrada de Catalunya en la herramienta informática estatal ECOGAN, pensada para que las granjas comuniquen las técnicas que han aplicado y realizar un cálculo aproximado de las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero que han hecho. El sindicato subraya que esta herramienta, obligatoria para adaptarse a la normativa estatal, supone una nueva carga burocrática para el campesinado y ha pedido que pueda sustituir los registros autonómicos que se realizan actualmente en este sentido para evitar tener que realizar trámites por duplicado.

Todo ello, alerta Unió de Pagesos, plantea un escenario a corto plazo de inseguridad para el sector, marcado por unos precios de partida bajos y unos costes de producción con tendencia al alza que se suman a las dudas con la aplicación de estas nuevas normativas.

FUENTE DE INFORMACIÓN-UNIÓ DE PAGESOS

El Ministerio de Agricultura aplaza un año la polémica norma de bienestar animal para el sector porcino

La entrada en vigor del nuevo decreto, prevista para el 9 de marzo, se aplaza después de la presión del sector y de los gobiernos de Cataluña y Aragón. La medida evitaba una reducción inmediata del 10% de la cabaña en granjas sin posibilidad de ampliación.

El Ministerio de Agricultura ha anunciado una moratoria de un año en la aplicación de la nueva normativa de bienestar animal en el sector porcino. La decisión llega tras las movilizaciones de los ganaderos y las peticiones de los gobiernos catalán y aragonés, regiones que lideran la producción porcina en España. El decreto preveía un aumento de la superficie mínima por animal, un requisito que habría forzado a muchas explotaciones a reducir su cabaña, dado que no todas tienen la posibilidad de ampliar sus instalaciones.

Según Unió de Pagesos, la normativa ponía en peligro la viabilidad económica del sector, mientras que JARC había alertado de que podría implicar una reducción de al menos el 10% de la cabaña en Catalunya, afectando a su competitividad internacional. Por su parte, Asaja cifraba el impacto económico de la medida en unos 150 millones de euros sólo en Lérida y Aragón.

El real decreto ahora suspendido exigía que los cerdos de entre 85 y 110 kilos dispusieran de 0,74 metros cuadrados por animal, frente a los 0,65 actuales. Ésta y otras medidas ambientales, de alimentación y bebida, de infraestructura y condiciones respecto al material de enriquecimiento habían generado un fuerte rechazo en el sector, especialmente porque su aplicación suponía una inversión que, en muchos casos, era incompatible con otras regulaciones como las distancias entre granjas las urbanísticas establecidas por las administraciones locales.

Cataluña y Aragón habían propuesto al gobierno central una modificación de la norma para flexibilizar sus requisitos. Este aplazamiento da margen para negociar una regulación más adaptada a la realidad del sector.